Los líderes del legislativo de California aprobaron esta semana una resolución para instar al presidente electo Donald Trump, a no implementar deportaciones masivas y a mantener el programa de Acción Diferida que brinda protección temporal a jóvenes soñadores.
“California celebra la diversidad, no la deportación”, enfatizó el líder temporal del Senado Kevin de León (D-Los Ángeles).
Se estima que los trabajadores indocumentados representan un décimo de la fuerza laboral de California, y con su labor contribuyen con 130 mil millones de dólares a la economía del estado.
Según un reporte del Pew Research Center, en el estado residen alrededor de 2.4 millones de inmigrantes que no cuentan con estatus legal.
“Los inmigrantes son parte de la historia de California, nuestra cultura, y nuestra sociedad”, señaló el vocero de la Asamblea Anthony Rendon (D-Paramount). “Ellos pagan impuestos en ocasiones más que los millonarios, y ayudan a impulsar el motor que hace de California la sexta mayor economía del mundo”.
“Con este paquete de leyes estamos diciendo a la siguiente administración y congreso: si quieren llegar a ellos, van a tener que pasar sobre nosotros”.
Aunado a esta resolución, tanto el senado como la asamblea presentaron iniciativas de ley que buscan proteger a residentes indocumentados ante la amenaza latente de una deportación, de implementarse medidas prometidas en las campañas presidenciales.
La ley SB-6 del senador Ben Hueso (D-San Diego), crearía un programa estatal para brindar representación legal a individuos que enfrenten el proceso de deportación.
A su vez la AB-3 del asambleísta Rob Bonta (D-Oakland) otorgaría a defensores públicos de los recursos necesarios y capacitación para aconsejar a sus clientes sobre las consecuencias migratorias de sus casos.
El Congreso estatal cuenta con una súper mayoría demócrata, por lo que se cree que estas medidas podrían avanzar.
La acción del legislativo de California, fue reconocida por organizaciones locales como el Consorcio de los Derechos de Inmigrantes de San Diego.
Por su parte, Jennie Pasquarella, directora de derechos de inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles) en California, coincidió en que “hoy más que nunca”, el estado debe “sostener sus valores de justicia y debido proceso”.
Señaló que para muchos inmigrantes, leyes como la AB-3 y la SB-6 podrían significar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado.
“Nadie debería enfrentar una deportación, incluyendo la separación permanente de niños y familias, sin un abogado que los defienda”, comentó la activista en un comunicado. “Sabemos que en un estado rico de inmigrantes como California, todos prosperamos cuando los inmigrantes prosperan”.