La Ley de Defensa del Matrimonio nació en septiembre de 1996 durante el gobierno de Bill Clinton; tuvo unos años de vida tempestuosa a lo largo de tres administraciones y esta semana pereció en la Corte Suprema de Justicia.
Más allá de argumentar las gravitantes morales de la nueva ley, creo que es necesario analizar las consecuencias reales en la comunidad norteamericana, principalmente en aquella población históricamente discriminada por la gente, las leyes y la sociedad.
Para empezar, una vez que el gobierno federal ordene a los estados el reconocimiento explícito de las uniones matrimoniales del mismo sexo, cada uno de los individuos que componen esta unión tendrá los mismos derechos que cualquier otro matrimonio convencional (hombre y mujer).
En el caso de Edith Windsor, persona que impugnó la constitucionalidad de DOMA por haber sido sancionada con una suma astronómica de $350,000 en impuestos por propiedades que heredó de su difunta pareja, ahora será el fisco norteamericano quién le devolverá –si es que Windsor, ha estado pagando— ese dinero.
Asimismo, a pesar de que en algunos estados son reconocidos como matrimonios legítimos, el gobierno federal exigía a las parejas del mismo sexo llenar papeles de impuestos (income tax) en forma separada; es decir, como solteros.
Lo anterior, obviamente, concitaba fuertes pérdidas económicas a cada una de las personas gays o lesbians debido a que no podían contender gastos comunes ante el gobierno, ni mucho menos argüir un crédito específico por la sustentación de uno más dependientes (hijos o hijos adoptados) en forma conjunta.
Por otra parte, en el ámbito migratorio, los gays o lesbians no tenían ningún derecho de solicitar al gobierno federal de concederles un cupo para que su pareja pueda migrar legalmente de otro país.
En el supuesto caso de que un norteamericano conocía a otra persona del mismo sexo y eventualmente los dos se casaban en un país donde se permitía este tipo de uniones, el gobierno norteamericano no daba crédito a ese documento matrimonial como solicitud formal migratoria.
En el campo de los Seguros Sociales y Medicare también habrá un impacto inmediato. En los matrimonios convencionales, el gobierno federal permite devengar cuotas mensuales del Seguro Social cuando una de las partes fenece. En el caso de la muerte de un gay, su dinero acumulado dentro del sistema de Seguros Sociales se quedaba en el fisco y su pareja no tenía ningún derecho a recaudarla.
Además, desde hoy los gays y lesbians, especialmente aquellos que tienen unión legal, podrán solicitar permisos especiales en sus trabajados por la indisposición de salud de sus parejas.
Ahora la ley los ampara y los empleadores no tienen derecho a revocar sus solicitudes o sancionarlos por abandono del trabajo.
Así, el cambio es impresionante con la derogación de DOMA. Empero, lo más importante es que el sistema político y social de Estados Unidos es cada vez menos discriminatorio que antes.
Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com
