El futuro de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados en el país yace ahora en la Suprema Corte de Justicia.

Esta semana, los ocho jueces escucharon argumentos tanto a favor como en contra de la demanda “United States v. Texas”, entablada por una coalición de 26 estados del país, que se oponen a la implementación de las acciones ejecutivas propuestas por el Presidente Barack Obama.

Se anticipa que el tribunal supremo emitirá un fallo en junio próximo, el cual hasta ahora parece ser de pronóstico reservado.

Analistas en temas de inmigración estiman una corte dividida entre sus magistrados, liberales y conservadores, aunque se requeriría de una mayoría de cinco votos, para que los demandantes no puedan abolir los beneficios migratorios.

En caso de un empate de cuatro votos, se mantendría la suspensión, aunque por ahora, sólo queda esperar.

“Existe la posibilidad que dentro de las próximas semanas, puedan cambiar de opinión mientras estén analizando los argumentos que se presentaron”, señaló Pedro Ríos, Director del Comité de Amigos Americanos en San Diego. “Esta por verse, es difícil  la situación, porque al parecer están divididos los jueces”.

En noviembre de 2014, el Presidente Obama anunció los beneficios migratorios, Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA), y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), luego de que el Congreso le impidiera cumplir su promesa de una reforma de inmigración.

Se estima que en los Condados de San Diego e Imperial, cerca de 115 mil personas califican para los programas de DACA y DAPA.

Tema central durante las actuales campañas por la presidencia de Estados Unidos. Inclusive, esta semana los candidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders, reiteraron su intención de luchar por la implementación de estos programas que protegerían a inmigrantes de una deportación.

Por el contrario, los aspirantes republicanos Ted Cruz y Donald Trump, se han inclinado a poner fin a la inmigración de indocumentados, y deportar a quienes se encuentran de manera irregular en el país.

Sobre el cambio de administración federal, activistas reconocen que existe el temor de lo que podría pasar con las acciones ejecutivas de Obama, de llegar un republicano al poder, “aunque existe la duda”, de ser el caso, sería fácil dar marcha atrás a estos programas.

“Siempre existe el riesgo (de anular acciones ejecutivas), pero el que lo hagan está por verse”, subrayó Ríos.

Por lo pronto, organizaciones defensoras de derechos humanos, en la región insisten en que aquellos que califican para estos programas, se mantengan optimistas, y hoy  se preparen con la documentación necesaria para solicitar estos beneficios.

Para ello, el Consorcio de Derechos de Inmigrantes de San Diego, puso a disposición el portal:  ListoYaSanDiego.org, en el cual, se encuentra información sobre los programas de DACA y DAPA, así como asistencia legal y requisitos para obtener la ciudadanía.

Para Pedro Ríos, la mejor arma en estos tiempos de incertidumbre, es que inmigrantes se informen y conozcan sus derechos y así protegerse de deportaciones.

“Si decide la Corte Suprema no tomar una decisión a favor de los inmigrantes, no se deben rendir ante el esfuerzo que se ha hecho, para lograr cambios en las políticas, fortalecerse y seguir luchando por mejores propuestas y leyes”.